La llegada masiva de inmigrantes haitianos a Brasil supuso un serio conflicto social para la presidenta Dilma Rousseff. Aún en forma lenta y desarticulada, y con la opinión pública sensibilizada con el tema, el Gobierno federal empieza a responder con políticas públicas a la nueva y sorpresiva demanda de inmigrantes inesperados. Escribe Guido Nejamkis / Especial para DEF e INFOBAE

SAN PABLO.- Desde que el terremoto de 2010 devastó aún más a Haití, el país más pobre del continente americano, unos 20.000 haitianos ingresaron en Brasil, muchos de ellos en forma clandestina. En el último semestre, incluso, la llegada de haitianos se aceleró, y cálculos oficiales sitúan el número en 1200 nuevos inmigrantes por mes llegados desde el miserable país antillano.

Según testimonios de los propios inmigrantes y autoridades brasileñas, redes de coyotes guían sus pasos en un peligroso viaje que se inicia en República Dominicana, sigue por Ecuador hasta Perú, para ingresar luego en territorio brasileño por las ciudades de Assis Brasil o de Brasileia, en el norteño estado de Acre. Otra ruta utilizada es la Amazonia peruana, desde la que llegan después a Manaos, la capital del estado brasileño Amazonas y principal ciudad de la región selvática del país.

Por ese periplo –cuya primera etapa termina en paupérrimos albergues del remoto norte brasileño donde encuentran asistencia principalmente de organizaciones religiosas vinculadas a la Iglesia Católica, como la Pastoral del Inmigrante–, los haitianos pueden pagar hasta 2500 dólares a agencias turísticas de Santo Domingo. Ese dinero, muchas veces, es reunido por el aporte de  familiares, que posibilitan que sus parientes dejen Haití con la “misión” de conseguir un empleo que sirva luego para enviar ayuda económica.

Desde que comenzaron a llegar a Acre, los haitianos fueron alojados en precarios e improvisados refugios. Cientos fueron a parar a un galpón que se transformó en un albergue del pobre municipio de Brasileia, recientemente cerrado por el gobierno estatal de Acre debido a que el lugar no tenía siquiera electricidad, en una región que ya de por sí cuenta con pocos recursos e infraestructura precaria. Su alimentación estaba a cargo de donaciones de empresarios que requerían eventualmente la mano de obra de los haitianos, quienes se bañaban en instalaciones precarias, con cloacas a cielo abierto. El albergue de Brasileia tenía capacidad para alojar a unos 300 haitianos, pero llegó a recibir a 2000 al mismo tiempo.

Durante meses, la llegada masiva de esos inmigrantes –pese al peligro potencial de que terminaran alimentando redes de trabajo ilegal o en condiciones análogas a la esclavitud– fue un asunto prácticamente ajeno a las autoridades públicas, excepto en Acre, y a los medios de comunicación masivos, salvo algunas excepciones. Fue el gobernador acreano, Tiao Viana, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quien con una medida polémica y tras declarar la “emergencia humanitaria” en el estado, forzó a los diarios nacionales a prestarle atención a la dramática situación de esos inmigrantes y a los gobiernos federal, estatales y municipales a comenzar a dialogar para trazar planes y poner en marcha políticas públicas para enfrentar el problema.

Viana cerró el refugio de Brasileia, que estaba en la mira de organizaciones sin fines de lucro como Conectas, que denunció que letrinas escasas y sucias, falta de agua y una situación sanitaria más que precaria estaban propagando enfermedades entre los refugiados. La drástica decisión del gobernador provocó que los haitianos comenzaran a diseminarse por territorio brasileño.

Tras el cierre del refugio, Viana, con recursos de Acre, decidió pagar a los haitianos que quisieran dejar el estado pasajes en autobús hacia San Pablo, ciudad que recibió varios centenares de inmigrantes sin ninguna previsión de hospedaje. Fueron en total unos 1700 los que dejaron Acre rumbo al corazón económico y financiero de Brasil.

Los haitianos terminaron superpoblando un albergue del centro de la mayor ciudad de América del Sur en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, perteneciente a la Pastoral del Inmigrante e institución que abriga a extranjeros desde 1939. El padre Paolo Parise, uno de los responsables del centro, reveló que la mayoría de los haitianos llegaron a San Pablo tras el cierre del refugio de Brasileia y dijo que la inesperada llegada del contingente dificultó la prestación de servicios de asistencia de la institución. “Hoy vamos a conseguir alimentarlos, pero no sabemos cómo será en los próximos días”, dijo el padre.

Con capacidad para atender a 110 inmigrantes por día, el Centro Pastoral alberga actualmente 210 haitianos, además del centenar de personas que provienen de otros países como Colombia y Congo. Sin espacio suficiente, el auditorio de la institución se convirtió inicialmente en dormitorio, y su entrada permanece diariamente repleta de haitianos que esperan una oportunidad de empleo. A pesar de las dificultades del albergue, los hatianos se muestran felices por haber salido de Brasilea. Para ellos, en la ciudad de San Pablo existen más oportunidades que en otras regiones de Brasil.

El “envío” de haitianos de Acre a San Pablo enfureció a la secretaria de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del estado más poblado y rico de Brasil, Eloisa de Souza Arruda, quien calificó como “una violación de la dignidad” esos traslados, y pidió que ese tipo de acciones fueran coordinadas y avisadas previamente. La funcionaria agregó que los traslados “podrían ser clasificados como una deportación forzada”. El gobernador Viana respondió que Acre pagó pasajes hacia donde los refugiados quisieron ir y denunció que ninguna autoridad del estado de San Pablo –gobernado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)– ofreció nunca una ayuda para atender a los haitianos.

“La secretaria de Justicia del estado de San Pablo no tiene estatura política para insinuar que hubo irresponsabilidad de Acre, que no tiene la responsabilidad de avisar que un gran grupo de refugiados se dirige a San Pablo. Nada cambió en estos tres años para ahora tener que detener gente hasta dar aviso a algún ricacho de San Pablo”, disparó el gobernador Viana, quien catalogó además el reclamo como una muestra de los prejuicios de la “élite paulista” que quiere “su territorio libre de inmigrantes de Haití”.

El mandatario estatal denunció además que Acre, fronterizo con Bolivia y Perú, se convirtió en ruta internacional para la inmigración ilegal y denunció que miles de personas podrían usar el distrito para entrar en Brasil ilegalmente. “África entera está mirando esa ruta que se abrió. Cuando solo era Haití, ya era un problema. Ahora tenemos desde la República Dominicana hasta África”, afirmó, indicando que dominicanos y senegaleses llegan de a centenares. “Tenemos que ser solidarios, pero no hay ningún país en el mundo que acoja inmigrantes que vengan ilegalmente, con o sin coyotes, les den alojamiento, alimentación y además les busquen trabajo. Eso obviamente va a tener consecuencias que pueden ser dramáticas para Brasil”, advirtió Viana.

Desde 2012, Brasil expide un “visado especial humanitario” en vigor hasta 2015 para la población haitiana que quiera trasladarse al país sudamericano. La medida preveía un límite de 1200 por año, pero en abril de 2013 ese tope fue eliminado, lo que hizo que aumentara la inmigración, incluyendo la no registrada.

“Todos los días llegan 40, 50 haitianos. Aquí falta de todo. No hay alojamiento, no hay dónde dormir. Es un problema. El poder público está desarticulado y estamos reclamando que se articule para responder a esta necesidad”, dijo en San Pablo Luiz Antonio Medeiros, superintendente del Ministerio de Trabajo, quien advirtió que el estado debe velar para evitar los “muchos intentos de reclutamiento de mano de obra esclava”.

Luego de la infrecuente polémica pública de la funcionaria paulista con el gobernador de Acre, el mandatario del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, del PSDB, intervino para pedir el apoyo del Gobierno federal para atender a los refugiados, y ordenó a Souza Arruda que busque un diálogo que permita responder a la demanda de los recién llegados.

“Vamos a hacer un trabajo articulado, como el que tiene que ser hecho”, reaccionó Alckmin, indicando que el Fondo Social de Solidaridad del Estado San Pablo, que dirige la primera dama del estado, movilizó incluso personal con dominio del francés para ayudar a los haitianos a encontrar cómo insertarse en el mercado de trabajo.

Otras acciones buscaron otorgar rápidamente documentos a los inmigrantes, de modo que pudieran permanecer y trabajar legalmente en Brasil, para lo que era necesaria la intervención del poder federal. La alcaldía de San Pablo, en manos del Partido de los Trabajadores (PT), comenzó a ofrecer tres raciones diarias de comida caliente y envió colchones para que dejaran de comer en el piso, además de poner en marcha, también, cursos de capacitación profesional. Unos 100 refugiados obtuvieron además la Libreta de Trabajo, con la que comenzaron a poder ejercer servicios en forma remunerada, de manera legal.

La avalancha de haitianos en San Pablo, movilizó también al Gobierno federal, que puso en marcha a inicios de mayo un grupo interministerial para facilitar la acogida, la integración de ese grupo y, sobre todo, para cerrar la inmigración ilegal, buscando regular, ordenar  y registrar el flujo migratorio desde el país antillano. Las primeras medidas anunciadas consistieron en aumentar el otorgamiento de visas a haitianos y facilitar el acceso a los servicios públicos de educación, salud y empleo. Actualmente, cerca de mil visas para entrar a Brasil son concedidas a ciudadanos haitianos por mes, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además de incentivar la entrada regular a Brasil, el Gobierno federal quiere establecer alianzas con los estados que reciben a los refugiados –principalmente Acre– y dialogar con los países que forman parte del trayecto que realizan los haitianos antes de llegar al territorio nacional. Las medidas fueron anunciadas por el ministro jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia), Aloizio Mercadante; el de Justicia, José Eduardo Cardozo; el de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo; y representantes de otros cinco ministerios.

“Vamos a tener un nuevo tipo de organización para la entrada de los haitianos (…) Hoy en día están siendo víctimas, para llegar a Brasil, de los coyotes [personas que cobran por la travesía de los inmigrantes]. Lo que queremos y buscamos es que retiren las visas en nuestras embajadas, o en Haití, o en la ruta de camino hacia Brasil, para que entren al país debidamente documentados y protegidos de las cuadrillas de la delincuencia organizada que realizan ese tráfico de personas”, explicó el ministro Figueiredo en una comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Según el canciller, el gobierno brasileño aumentó en dos ocasiones la emisión de visas para haitianos. “Estamos dando hoy diez veces más visas de las que otorgamos antes. Estamos haciendo un trabajo importante en esa área, que, sin duda alguna, es el camino por el cual queremos que los haitianos vengan: con visas, para garantizar la entrada normal, por los aeropuertos y puertos de Brasil, y no una entrada precaria en manos de cuadrillas”, sostuvo.

El ministro de Justicia dijo que los ciudadanos haitianos que entraron a Brasil de forma regular tendrán prioridad en el acceso a los servicios públicos. Según Cardozo, al menos unos 900 haitianos entran cada mes sin visa al territorio brasileño desde el terremoto que arrasó a Haití en el 2010.

El Gobierno federal brasileño, también, participó de reuniones con los gobernadores de Acre y de San Pablo, para discutir la situación de los haitianos que ya están en Brasil y de los inmigrantes que continuarán llegando. De acuerdo con Cardozo, la idea es movilizar recursos para ayudar a los estados en la organización de la entrada y en la prestación de servicios a los inmigrantes, como emisión de documentos y acceso a hospitales y escuelas.

En tanto, el ministro de Trabajo, Manoel Dias, dijo que los haitianos tendrán derecho a cursos gratuitos de lengua portuguesa y de especialización en oficios, que se convertirán también en requisitos para su permanencia. La enseñanza de oficios se hará a partir de uno de los principales planes estatales lanzados durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y el Empleo (Pronatec). Este programa fue creado en 2011 para ampliar la oferta de cursos de educación profesional y tecnológica en áreas como salud, industria, educación, infraestructura, producción de alimentos, diseño, seguridad y turismo, e incluye la formación de técnicos en Seguridad del Trabajo, Enfermería, Cuidado de Ancianos, Carpintería y Cocineros, entre otros oficios.

Brasil recibe masivamente inmigrantes desde fines del siglo XIX, cuando se convirtió en el último país de América en abolir la esclavitud, en 1889. Un año antes, el país había comenzado a prepararse para recibir trabajadores. San Pablo organizó en 1888 un reclutamiento de inmigrantes en Europa para trabajar en sus cafetales, por entonces centro de su actividad económica.

Pero esta vez el desafío es de naturaleza distinta. Aquellos inmigrantes eran considerados trabajadores calificados, mientras que los haitianos que ingresan ahora en territorio brasileño apenas tienen una instrucción básica y muchos de ellos –incluso después de recibir cursos pagos por el Estado– pueden buscar en el futuro encontrar a familiares en Estados Unidos o Canadá.

 

El autor es director de la agencia digital Brasil 247 – Información relevante en español sobre el mayor país latinoamericano. http://es.brasil247.com/