El estado de Michoacán, en el centro de México, se encuentra desgarrado por una guerra abierta entre el cartel de los Caballeros Templarios y los grupos de Autodefensas. Se presentan aquí las claves para entender el origen del conflicto y de sus actores principales.

El 10 de marzo de 2011, Morelia y otras ciudades del estado mexicano de Michoacán amanecieron empapeladas con “narcomantas” (letreros callejeros escritos en grandes lonas) que anunciaban el nacimiento de un nuevo cartel. “A partir del día de hoy –decía una de las leyendas– estaremos laborando en el lugar, realizando actividades altruistas que antes realizaban los de La Familia Michoacana. Estamos a la orden de la sociedad para atender cualquier situación que atente contra la integridad de los michoacanos” (sic).

La organización criminal responsable de los anuncios firmaba como los Caballeros Templarios, un cartel que opera fundamentalmente en el centro del país, en los estados de Michoacán, México, Jalisco y Morelos. Las tareas altruistas de las que hablaba el anuncio son la ejecución de todo ladrón, violador o secuestrador que amenace con alterar el orden local, o de cualquier adversario que trate de disputar el territorio. Mientras tanto, los Caballeros Templarios se dedican al tráfico de estupefacientes, especialmente marihuana y drogas sintéticas, y a la extorsión de pequeños y medianos productores rurales, el cobro de cupos mineros (formales e informales); el secuestro; el tráfico de indocumentados; entre otras actividades fuera de la ley.

Lejos de pacificar la zona, las actividades del nuevo cartel despertaron una furiosa respuesta de los locales, principalmente de los agricultores y comerciantes afectados por las extorsiones. Poco más de un año más tarde del nacimiento de los Caballeros Templarios, surgieron las Autodefensas, grupos similares a los Paramilitares colombianos, que combaten al margen de la ley a los carteles. Armados y pertrechados a la par de los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad, son una nueva fuente de violencia para el estado de Michoacán.

Durante el último año, los enfrentamientos entre ambos grupos se exacerbaron. Las Autodefensas acusan a la policía local de ser funcional al cartel, mientras que los Caballeros Templarios denuncian que los grupos paramilitares están apoyados por carteles rivales. La delicada situación obligó al gobierno central a enviar tropas federales para tratar de pacificar el área.

En enero último, las Autodefensas tuvieron una victoria muy importante: lograron expulsar a los Templarios de la ciudad de Nueva Italia, en Michoacán, y replegarlos hacia Apatzingán, su bastión. Además, la policía de México detuvo a Dionisio Loya Plancarte, alias “El Tío José”, uno de los cinco principales líderes del cartel.

De todas formas, sería arriesgado hablar de la derrota total de los Caballeros Templarios: según un reporte de la División Antidroga de la Policía Federal mexicana, es el tercer cartel mexicano en tamaño y control territorial, y el de más rápida expansión en los últimos tiempos. Actualmente mantienen una alianza con la Federación de Sinaloa (el cartel más grande del país).

Tesis sobre la violencia

Para ser precisos, los Caballeros Templarios no son un cartel completamente nuevo, sino un derivado del diezmado cartel de La Familia Michoacana, que operó en la zona hasta 2010, cuando el gobierno abatió a su fundador Nazario Moreno González. La referencia a La Familia y a Moreno González, alias “El Chayo” o “El Más Loco”, es casi obligada, porque ayuda a comprender muchas características del modo de obrar de los Templarios y del perfil de sus miembros.

Nazario nació el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente michoacana, un valle árido donde las temperaturas pueden llegar a los 50 grados centígrados. Aunque el nombre de la región proviene de esta característica geográfica, sin dudas la narcoviolencia le dio un nuevo sentido al mote

Antes de convertirse en “El Más Loco”, las crónicas ubican a Moreno González en Estados Unidos, como un adicto en recuperación. Allí habría tomado contacto con el gurú evangélico John Eldredge y su obra; en especial con Salvaje de Corazón (Wild at Heart), un libro que vendió un millón y medio de copias y que hoy es lectura obligada para los Caballeros Templarios.

Eldredge asegura en Salvaje de Corazón que la violencia es parte intrínseca de la condición varonil. Según el autor, Dios creó la naturaleza masculina con esa característica, pero en el mundo contemporáneo se encuentra diluida e insatisfecha. En un largo reportaje sobre la figura de Nazario que publicó la revista mexicana Emeequis, el periodista Humberto Padgett señala que precisamente en esta concepción del hombre radica el atractivo de la obra del norteamericano para los narcos mexicanos. Para Eldredge, “Jesús era alguien más parecido a la Madre Teresa de Calcuta o a William Wallace, el guerrero escocés del siglo XIII en cuya vida se basó Mel Gibson para filmar Corazón Valiente. (…) Jesús no es un ‘sacerdote eunuco’, ni un monaguillo de rostro pálido con el cabello partido a la mitad que habla suavemente y evita la confrontación, quien al fin logra que lo maten porque no tiene salida (…) Es el Señor de los señores, el capitán de ejércitos de ángeles”, dice el gurú en su libro.

Esta tesis sobre la violencia humana y el voluntarismo para afrontar la vida calaron profundo en Nazario, quien adoptó esta manera de pensar para sus futuras actividades.

San Nazario

Luego de una estadía en una cárcel de Texas por tráfico de drogas de la que no se tienen muchos datos, “El Chayo” Moreno González volvió a México. Asociado a Jesús Méndez Vargas, creó “La Empresa”, que comenzó a funcionar como una célula del cartel del Golfo, cobrando cuotas a narcotraficantes para que pudieran operar en Michoacán. En su artículo, Humberto Padgett pinta a Nazario de pies a cabeza en esa época: “Todavía no era ‘El Más Loco’, pero ya recorría las ardientes cañadas michoacanas con una Biblia en la mano y el cuerno de chivo –como llaman los narcos mexicanos al fusil AK-47– en la otra”. Incluso “El Chayo” llegó a plasmar su visión del mundo en un libro, Pensamientos, donde otorga una guía de conducta moral y social.

Luego de la captura de Osiel Cárdenas Guillen, líder del cartel del Golfo, en 2003, los michoacanos buscaron su independencia. Entraron en guerra con sus antiguos patrones y con el cartel de los Zetas. Padgett señala que “desde su primer acto público, La Familia Michoacana mostró su capacidad propagandística y la pretensión de sus líderes de ser reconocidos y considerados como defensores del pueblo y justicieros sociales”. Esta característica fue continuada por los Caballeros Templarios. Además, mostró desde el principio una violencia extrema: un sello característico de La Familia era la decapitación de sus víctimas.

En un manifiesto publicado el 22 de noviembre de 2006 en los diarios locales La Voz de Michoacán y El Sol de Morelia, se identificaron como “miembros de La Familia Michoacana y trabajadores masivos de la Tierra Caliente organizados por la necesidad de salir de la opresión y la humillación a la que fueron sometidos por otras organizaciones criminales”. Su “misión” era muy clara: erradicar en Michoacán el secuestro, la extorsión, los asesinatos por paga, el secuestro exprés, el robo de tráileres, automóviles y casas. La Familia fue creciendo y posicionándose como uno de los carteles más importantes del país y la figura mesiánica de “El Chayo” se fue agrandando.

Pero la carrera de “El Más Loco” quedó trunca. El 9 de diciembre de 2010, Nazario Moreno González cayó abatido por las fuerzas federales tras dos días de enfrentamientos en Apatzingán, su ciudad natal. Su cadáver nunca fue exhibido, lo que generó un aura de misterio aun más grande para este mítico personaje. Esto lo convirtió en una especie de santo popular inmortalizado en estatuillas y estampitas.

La orden narco

A los pocos meses de la desaparición de Moreno González y fruto de una escisión interna, surgieron los Templarios. Su líder es Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” o “El Profe” –por su pasado como profesor rural–, heredero natural del antiguo jefe de La Familia.

Basado en los Pensamientos de Nazario, Servando organizó y publicó un Código de Conducta para los Caballeros Templarios, que los diferencia del resto de los carteles. Los integrantes de esta organización tienen estrictamente prohibido consumir drogas, conducir automóviles en estado de ebriedad, robar, secuestrar o agredir mujeres. Claro que las ejecuciones y extorsiones ordenadas por los jefes quedan al margen de las normativas de conducta.

Además de los aspectos de la vida personal, el Código de Conducta de los Caballeros Templarios también abarca aspectos que hacen a la vida en sociedad. Por ejemplo, los conmina a “luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo”, a “prepararse y equiparse a sí mismos para la batalla y conseguir los objetivos de la orden” y a entablar “una batalla ideológica para la defensa de los valores que sostiene una sociedad basada en la ética y construida a través de los siglos”.

Todo este sistema de normas morales y éticas remite a la Regla Templaria, el código que reguló la orden religiosa de los Caballeros Templarios original creada en el siglo XII para cuidar a los peregrinos que se dirigían hacia Oriente. Al respecto, Padgett traza un interesante paralelismo: en los 72 preceptos de La Regla Templaria “se ordenan aspectos monacales y militares y se pretende resolver la coexistencia de ambas condiciones en un mismo hombre, como Nazario pretendió hacerlo respecto a la contradicción de dedicarse al narcotráfico, cometer despiadados asesinatos y, al mismo tiempo, predicar el amor, la humildad y el bien al prójimo”.

El barniz moral con el que se presentó el cartel de los Caballeros Templarios le significó el mote de “el cartel religioso”. Incluso, como si se tratara de un sacerdocio, una de las normas indica que no hay forma de renunciar a la orden. La pertenencia a la organización es de por vida y la deserción está castigada con la muerte. Esto está bien explicitado en el juramento de iniciación que todo miembro debe prestar (ver recuadro).

Reclutamiento

Los Caballeros Templarios están organizados de manera vertical, con tintes eclesiásticos. Existe un comité máximo a cuyos integrantes se les llama “apóstoles”. Les siguen los “predicadores”, que son los responsables de sector, encargados de regiones o plazas. Por debajo, los administradores, que son contadores, pagadores de funcionarios públicos y asesores legales. Luego vienen los encargados de células, que operan sobre los sectores productivos y en los municipios controlados.  Al final de la cadena están los “guerreros celestiales”: sicarios y policías, el brazo armado de la organización.

El reclutamiento se realiza en centros de rehabilitación de adicciones relacionados con el propio cartel. Humberto Padgett explica esta metodología: “Tras pasar un programa de desintoxicación que subraya los pasos cuatro y cinco de Alcohólicos Anónimos –relacionados con la elaboración de un inventario de faltas de carácter y morales y su posterior confesión–, son evaluados de acuerdo a sus aptitudes para su integración en la organización. Estos centros de ayuda, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sirven además para el lavado de dinero”, señala el periodista.

Uno de los elementos encontrados por la policía en allanamientos a estos centros de rehabilitación, fueron ejemplares del libro Pensamientos, de Nazario Moreno González, obra de cabecera para todo Caballero Templario.

“Los seleccionados inician un proceso de terapias motivacionales y adoctrinamiento cristiano evangélico. Luego de ello, son llevados a campos de entrenamiento para el manejo de armas, ubicados en la sierra michoacana. Solamente después de ello, son iniciados en un ritual que retoma la parafernalia caballeresca”, desarrolla Padgett.

Como se señaló con anterioridad, una vez ingresados en la organización, es muy difícil salir de ella. El sistema de castigos de Los Caballeros Templarios consta de tres etapas o advertencias. En la primera, el penitente es internado en un centro de rehabilitación durante tres días.

En la segunda, el castigado es recluido de nuevo en un centro de rehabilitación, pero en aislamiento total y durante 12 días. Además, se le vendan los ojos y se lo ata en posición de crucifixión, pose en la que recibe 12 tablazos frente a sus compañeros.

La tercera es la ejecución. Los caballeros realizan un ritual de muerte frente a los compañeros de célula del condenado y los jefes regionales. Se expone su deslealtad a la organización y, tras un juicio sumarísimo, se le invita a rezar por su descanso para luego ser ejecutado por la persona que lo introdujo en la organización o, en ausencia de esta, por el apóstol o predicador más próximo.

Conflicto abierto

Desde que se formaron las Autodefensas, los enfrentamientos con los Templarios se transformaron en algo cotidiano. La persecución siempre la realizan durante el día y con al menos 100 hombres fuertemente armados en un convoy de 20 camionetas blindadas.

La presencia de estas milicias ciudadanas puso en un lugar incómodo al gobierno, tanto local como federal, en cuanto al efectivo ejercicio del monopolio del uso de la fuerza. Es más, las Autodefensas comenzaron a lograr mejores resultados que las fuerzas de seguridad. Poco a poco, fueron recuperando localidades de Michoacán, haciendo que la orden se replegara a su bastión fuerte en la ciudad de Apatzingán.

No obstante, a principios de este año, la policía de México logró detener a Dionisio Loya Plancarte, alias “El Tío José”, uno de los cinco principales líderes del cartel de los Caballeros Templarios. La noticia significó una notable mejora en la relación entre los paramilitares y las fuerzas públicas, ya que la captura de estos líderes es la principal exigencia de las Autodefensas para desarmarse. De hecho, el mes pasado, representantes del gobierno (tanto federal como del estado de Michoacán) y varios de los grupos de Autodefensa firmaron un acuerdo para que las patrullas de civiles armados “se incorporen a la normalidad institucional” (ver recuadro).

De todas formas, en la Tierra Caliente de Michoacán el conflicto sigue abierto. Policías locales y federales, Autodefensas, Caballeros Templarios y sicarios de otros carteles mexicanos siguen enredados en una realidad sangrienta en la que nadie resulta vencedor.

El politólogo Alberto Föhrig, especialista en temas de seguridad, aborda el complejo entramado del narcotráfico en nuestro país y el peligro que plantea su penetración en las instituciones del Estado. Este académico, que se desempeña actualmente como profesor e investigador de la Universidad de San Andrés, se refiere a los riesgos que trae aparejado el fenómeno de la “narcopolítica” y defiende la necesidad de una política integral de seguridad e inteligencia en materia criminal.

De la Revista DEF / Especial para INFOBAE

-En una reciente columna de su autoría, usted hablaba del ingreso de nuestro país en la denominada “etapa parasitaria” de la narcopolítica. ¿Por qué?

-Este tema no es nuevo; ya ha sido tematizado por otros autores a partir de la investigación cualitativa respecto este tipo de vinculaciones. Marcelo Saín habla de este fenómeno en su libro El Leviatán azul. También hay un muy buen trabajo etnográfico de Javier Auyero –La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea–, donde analiza el circuito y explica esta situación. ¿A qué se debe este ingreso del país en la llamada “etapa parasitaria”? En primer lugar, debemos señalar que Perú es hoy el primer productor mundial de hoja de coca y este dato tiene implicancias muy importantes para la Argentina. A diferencia de Colombia y México, los grupos peruanos que se dedican a este tipo de actividades se ocupan de una parte del negocio: la producción de pasta base. Esa pasta base llega en gran escala a Bolivia y también a la Argentina. Ahí hay una vinculación fuerte entre el desplazamiento hacia el sur de la producción de cocaína y la generación en nuestro país de nuevas condiciones para completar el circuito de producción que se inicia en Perú. Eso explica por qué hay producción local en la última etapa y por qué este negocio se ha expandido fuertemente en Argentina en la última década. Estos actores necesitan, por supuesto, de protección. Por un lado, Argentina es una ruta de tránsito de la droga; pero, a su vez, ha crecido mucho el consumo local. En la medida en que nuestro territorio es una ruta muy profusa de distribución de la droga, muchos de los pagos se realizan en materia prima y, por lo tanto, eso refuerza el aumento del consumo en el país. Si bien no hay cifras oficiales, de acuerdo a Naciones Unidas ha habido un incremento importante en el consumo local de estupefacientes y, específicamente, de cocaína.

-En la actual etapa “parasitaria” de este fenómeno de la narcopolítica, ¿existe un reforzamiento del poder de los grupos narcos locales?

-Estas organizaciones comienzan a ganar visibilidad porque necesitan generar legitimidad local. No hay posibilidad de que funcionen sin esta legitimidad, que se construye de diversas maneras. Defensivamente, mostrándose como poderosas y obteniendo ayudas por parte del aparato estatal, que se consiguen pagando. Posteriormente, una vez que se muestran como poderosas porque no las toca ni la Policía ni el Poder Judicial ni el poder político, asumen la capacidad de solucionar problemas a nivel local. Esa es una tarea que hacía y –en gran medida– sigue haciendo el Estado argentino, que está mucho más presente que en otros países de América Latina. El hecho es que la sociedad argentina también se ha complejizado y lo ha hecho mucho más rápidamente que las respuestas del Estado en materia social. Hoy tenemos una tercera generación –bisnietos– de  pobreza persistente en el país, y eso requiere un tipo de abordaje infinitamente más complejo que el que se utilizó históricamente.

-¿Las actuales políticas sociales de contención ya no alcanzan?

-Yo creo que en estos últimos años ha habido grandes avances en materia de políticas sociales. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero responde al típico enfoque de creer que con transferencia de ingresos se soluciona el problema de la pobreza. Cuando existen bisnietos de argentinos que han vivido en situaciones de pobreza persistente, se necesita otro tipo de políticas. Hace falta muchísima más contención, mejor coordinación inter agencias, seguimiento y monitoreo de estas políticas, algo que el Estado argentino hoy no puede garantizar para una porción muy importante de la población. Las organizaciones narco penetran allí y buscan legitimidad en estos nichos específicos.

-¿Ve con preocupación las detenciones de grandes capos narcos y episodios de violencia y ajustes de cuentas ligados a grupos extranjeros en el país, a los que asistimos cada vez con mayor frecuencia? ¿Son casos aislados o es un fenómeno estructural?

-Efectivamente, si analizamos los casos de las personas que fueron detenidas en Argentina, hay gente que está de salida de este negocio y decide elegir a nuestro país como “refugio”; pero hay otras personas que están plenamente operativas y están tratando de diversificar el negocio. Hemos visto fenómenos de sicariato, asesinatos selectivos y persecuciones de individuos que no cumplen los tratos ilegales establecidos. Hay pequeños grupos con despliegue en zonas particularmente sensibles y sobre ellos hay que trabajar. El Estado debería tener una política mucho más activa de control del ingreso de estas personas a través del Servicio Nacional de Migraciones, y compartir información de inteligencia con nuestras contrapartes en los países de origen de estas personas. En este aspecto, estamos muy atrasados.

-En materia de políticas de criminalización del uso de drogas, ¿vamos hacia un cambio de enfoque a nivel regional, a partir de iniciativas como la legalización de la marihuana en Uruguay y propuestas de despenalización defendidas por mandatarios en ejercicio y expresidentes de países latinoamericanos?

-Se está avanzando mucho más rápido de lo que creemos, no solo regionalmente sino también en el propio EE. UU. Es muy importante observar lo que haga EE. UU., por su notable influencia en América Latina. Recientemente, el estado de New Hampshire aprobó la legalización de la marihuana y, anteriormente, otros estados habían autorizado el uso recreativo de esa droga, en algunos casos –como Colorado y Washington– o su uso medicinal, en otros –como Nueva York y California–. Paralelamente, en América Latina ha habido documentos de expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, que hablan de la inutilidad de la guerra contra las drogas y de la necesidad de abordar este problema desde una lógica más vinculada a la salud y menos ligada a los tanques. Hay que construir consensos regionales y, a la hora de relacionarse con EE. UU., estar atentos a la flexibilización de las posturas hacia el interior de ese país, de manera de lograr que ese diálogo con Washington sea más rico, dejando atrás el “diálogo de sordos” que hemos venido teniendo en las últimas décadas. Creo que hoy existen iniciativas novedosas, interesantes, que a la vez tienen eco en el Norte y eso nos da una oportunidad para avanzar en posturas conjuntas.

-Un tema que se ha puesto en el tapete en las últimas elecciones, a partir de una propuesta del Frente Renovador de Sergio Massa, es la creación de policías municipales. ¿Cuál es su opinión?

-A la luz de la experiencia mexicana, por ejemplo, observamos que la policía municipal el eslabón más débil frente a las organizaciones del narcotráfico y su penetración en las instituciones del Estado. Estas bandas nacen localmente y para ellas es más fácil y –entre comillas– “muy barato” cooptar el poder municipal. La creación de estos cuerpos de policía municipal implicaría darles la pieza que necesitan. Desde mi punto de vista, sería una medida muy desatinada que espero no se lleve adelante. Además, no podemos dejar de señalar que en Argentina los intentos de descentralización han dado muy malos resultados. Por otra parte, está la cuestión financiera. La pregunta que surge entonces es cómo vamos a pagar esto. La respuesta podría ser: “Con tasas municipales”. Lo cierto es que hay muy pocos municipios que podrían cobrar esa tasa. Es, por lo tanto, una idea inviable tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico.

-Si nos detenemos en los últimos casos de policías involucrados en la connivencia con el negocio narco, como sucedió en Córdoba y Santa Fe, ¿es posible enfrentar el problema desde la Nación y de manera coordinada con las jurisdicciones provinciales?

-No ha habido políticas nacionales serias respecto de la criminalidad compleja en los últimos años. El problema de los radares tiene ya 19 años y, al día de hoy, no hay una política seria de radarización en nuestras fronteras. Las propuestas de crear una agencia nacional para combatir la criminalidad compleja se vienen discutiendo desde hace más de diez años y no se ha avanzado en absoluto. El tratamiento de las adicciones también es clave en el combate al delito complejo porque, en la medida en que contemos con políticas sanitarias de tratamiento de las adicciones, eliminamos un factor fundamental para las organizaciones narco, como es el reclutamiento de mano de obra barata. Son fenómenos estructurales, a los que se les suma la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones por cuestiones de simetría en el poder de negociación entre la Nación y las provincias grandes, y por temas de competencia o disputa política.

-¿Va en la dirección correcta la decisión del Gobierno Nacional de centralizar la lucha contra el narcotráfico en las fuerzas de seguridad y sacar esta potestad de la órbita de la Sedronar?

-Me parece razonable centralizar esta tarea en una única instancia nacional de combate a la criminalidad compleja. El tema es ver qué hace esa entidad. Lo que se ha visto hasta ahora, desde mi perspectiva, es preocupante. Me refiero a los planteos de reincorporar a los militares a tareas de seguridad doméstica. Por un lado, es ilegal dado el ordenamiento vigente (NdR: la Ley de Seguridad Interior no lo permite). Dejando de lado esta cuestión legal, hay un segundo problema, que es la ineficacia. Solo un puñado de países ha decidido que sus militares se involucren en el combate al narcotráfico, entre los cuales están Afganistán, Colombia y México. Todos ellos han fracasado por múltiples razones. En primer lugar, los militares no están preparados para este tipo de situaciones. Por otra parte, las Fuerzas Armadas tienen una lógica estrictamente de combate y lo que acá se pone en juego es una cuestión mucho más compleja; se trata de enfrentar a organizaciones muy sofisticadas, con ramificaciones internacionales, con una estructura financiera fenomenal y gente muy capacitada detrás que incluye “ejércitos” de abogados, bancos y contadores. Por ejemplo, los carteles mexicanos operan en 52 países del mundo. Por eso, considero que involucrar a los militares en esta lucha sería un error estratégico grave en el cual la Argentina no debería incurrir. En la lucha contra el narcotráfico, hay temas claves como el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal –en lugar de autorizar “blanqueos de capitales” sin pedir rendiciones de cuentas respecto de la proveniencia de esos capitales– y el intercambio de información con terceros países. Una agencia de criminalidad compleja a nivel nacional no debe estar compuesta por militares arriba de tanques, sino por agentes de inteligencia que manejen grandes volúmenes de datos estadísticos.

-Volviendo a los casos de países que han involucrado a sus militares en esta lucha, ¿cuáles han sido los motivos que los impulsaron y por qué fracasaron?

-Los países que decidieron involucrar a sus militares en la lucha contra el narcotráfico lo hicieron por no contar con una fuerza especializada como nuestra Gendarmería o nuestra Prefectura. La Argentina ya cuenta con ese tipo de fuerzas federales de seguridad –incluida la Policía Federal– y debería utilizarlas para el fin específico para el que fueron creadas. Es inadmisible que el 98 por ciento de las actividades que realiza la Policía Federal Argentina se den en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Otra peculiaridad de nuestro país es que en el terreno contamos con cuerpos bien preparados para afrontar esta lucha y, sin embargo, tomamos atajos inexplicables, como la decisión de enviar a los gendarmes a realizar tareas de seguridad en el Conurbano, que deberían estar en manos de la Policía bonaerense. Por otro lado, intuyo la preocupación que existirá entre los propios militares bienintencionados por el posible desprestigio de sus fuerzas si se involucrasen en este terreno. En México hubo 135.000 muertos en siete años. Y el último punto es el riesgo de repetir lo que sucedió en México con Los Zetas, un grupo armado vinculado al narcotráfico que se conformó por militares desertores que integran cuerpos de élite en la lucha antinarcóticos. Lo mismo está sucediendo en Guatemala con Los Kaibiles, fuerza de élite militar que está viviendo patrones de deserción similares. Yo simplemente no quiero ese horizonte para las Fuerzas Armadas argentinas.

-¿Se ha comenzado a romper el consenso que existía en la dirigencia política argentina respecto de no involucrar a los militares en este tipo de tareas?

-Esta fue una de las políticas de Estado más importantes que hemos mantenido en estos 30 años de democracia, dada la historia de la Argentina y sus siete golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Ha habido un aprendizaje institucional y fue un consenso que han venido respetando todos los presidentes, más allá de sus diferentes orientaciones ideológicas. Hoy observamos con preocupación que varios actores políticos –entre ellos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri– que salieron a decir que habría que rediscutir el rol de los militares, poniendo en tela de juicio el consenso que habíamos alcanzado entre todos los partidos políticos. Desde mi punto de vista, es fundamental que no alejemos militares de su campo de acción específico, que es la defensa del país frente a agresiones externas.

De la Revista DEF. Desde Colombia. Especial para INFOBAE

-¿Cómo ve la situación del narcotráfico en América del Sur?

-En Sudamérica el panorama es distinto al de América Central, en la medida en que el tamaño de la región y la capacidad de los países es distinta. La región andina mantiene unos estándares estables de producción de materia prima para procesar cocaína, alrededor de las mil toneladas; eso se mantiene históricamente sin ninguna variación, y veo una dinámica muy fuerte del Cono Sur en su vinculación al tema del tráfico. Esto es lo nuevo, la expansión de este proceso a Suramérica, el incremento del papel de Venezuela como ruta importante de salida de la producción colombiana, el crecimiento del vínculo entre Perú y Colombia. Brasil es un jugador fuerte. Lo de Bolivia con Brasil y Argentina me impresiona. El discurso oficial de Bolivia sobre la hoja de coca, intencional o no, encubre una realidad que no sé a dónde va en términos de compromiso de Bolivia con el narcotráfico y que puede generar un conflicto fuerte a mediano plazo. Hay un silencio del gobierno boliviano frente a ese problema. Brasil, Argentina y Chile experimentan un incremento fuerte de la demanda. En el caso de Brasil, las dinámicas de comercialización siguen intactas, a pesar de los maquillajes que han hecho de ingreso a algunas favelas en Río por lo del Mundial, pero la demanda se sigue moviendo bastante y también la ruta conectada con África para llegar a Europa.

-En términos globales, ¿se ha avanzado o retrocedido en la lucha contra este flagelo?

-Hay una nueva dinámica del narcotráfico que lo hace incontrolable. Todo el dinero que se ha gastado no ha servido. Europa se ha consolidado, es muy estable, esa ruta está muy diversificada y se hace imposible su detección porque se está usando Brasil vía África, Venezuela y Centroamérica. Hay señales de que está creciendo el mercado en Asia, una economía en auge, con muchos aprendizajes del pasado, estructuras muy sólidas, gente muy calificada, procesos de lavado muy sofisticados, y esto hace que las cosas se mantengan, si no peor, igual que han venido desarrollándose. Eso pone en tela de juicio la estrategia. Mientras no se desarrolle una discusión a fondo sobre la estrategia antidroga, la cosa se complica, en la medida en que esta economía mueve otras economías ilegales, que siguen teniendo un impacto muy serio.

-¿Qué influencia tiene el fenómeno del narcotráfico sobre los Estados?

-Emergen mentes que vienen de estas actividades y generan cambios en el sentido de lo estatal, influencian los procesos electorales, alcaldías, gobernaciones, parlamentos. Esto se ha convertido en un problema muy serio desde el punto de vista de la gobernabilidad, y este es el principal peligro que enfrentan todos los países. No es un fenómeno paralelo al Estado, sino que está influenciando las dinámicas del Estado y de las sociedades, como en Colombia o Guatemala. El narco también ha generado una pauta de comportamiento de orden cultural y eso es preocupante, porque genera unos parámetros, unas legitimidades de comportamiento de las sociedades, y eso no se está analizando.

-¿Cuál es el éxito de Colombia en materia de control de narcotráfico?

-El Plan Colombia obedeció más a una lectura sobre la amenaza que representaba la guerrilla a mediados de los años noventa, y se dirigió a fortalecer la capacidad del Estado para controlar un proceso en el cual también estaba envuelto el narcotráfico, porque el fortalecimiento de la guerrilla se produce a partir de la capacidad de control de aéreas y cultivos de coca, que significó un incremento importante de sus ingresos y se reflejó en la guerra, la capacidad de combate, la logística. El Plan Colombia se diseñó para eso, no tanto para hacer una acción envolvente en la oferta de drogas. El balance positivo del Plan Colombia tiene más que ver con ese propósito, no con una estrategia antidrogas: recursos para el rediseño del sistema de defensa, reingeniería de las Fuerzas Armadas, incremento de la capacidad de combate, sobre todo aérea. Esto tuvo un efecto importante en golpear las FARC, pero a nivel de la estrategia contra la droga no fue así, porque la fumigación y la erradicación forzosa no han significado una afectación del mercado global de cocaína donde Colombia es muy importante. Eso me genera muchas dudas sobre la capacidad de Colombia para asesorar a otros países en materia de lucha contra el narcotráfico. El negocio se ha adaptado a las nuevas circunstancias y mantiene su capacidad, reacomodándose. En una negociación con México, Colombia se ha especializado en la producción y traslado de drogas a puntos intermedios, o a países como Argentina, Brasil, Australia y gran parte del mercado europeo. El diagnóstico sobre el caso colombiano está mal hecho. Se ha creado un relato que no tiene soportes claros en la evidencia. En México ven a Colombia como el ejemplo a seguir, pero Colombia tiene un problema serio de legitimación de prácticas mafiosas, de procesos de concentración de la tierra como parte de lavado de activos, de transformación de la estructura agraria en términos no deseables en materia de democratización al acceso de la tierra. Se reduce el narco exclusivamente al circuito ilegal, pero el narco tiene otra capacidad de incidencia muy fuerte, a nivel de la política, de la financiación de campañas, de la pervivencia de estructuras mafiosas en los niveles locales, que afecta incluso el proceso de paz, porque hablar de reforma agraria implica tocar intereses muy fuertes.

-¿Cómo va a afectar el narcotráfico el proceso de paz?

-Yo veo un escollo muy fuerte, que no es la firma de los acuerdos, sino la concreción de la paz a nivel regional, con estas realidades. La construcción de la paz sobre la base de existencia de poderes de este orden va a ser dura, porque estos poderes regionales, que han tenido nexos con élites provenientes del narcotráfico, que se han lavado a través de inversiones en tierras y cultivos de exportación, no quisieron estar en la Habana y no van a aceptar que cambien las cosas. Ahora viene una fase muy complicada para hacer cumplir decisiones sobre restitución de tierras. Esos poderes son más amigos de un modelo de guerra, que dio beneficios exponenciales, y eso oscurece la vigencia del estado de derecho, justifica la autodefensa, el asesinato de líderes campesinos bajo el estigma de ser guerrilleros. Es bastante rentable un escenario de guerra permanente para acabar de modificar la estructura agraria colombiana.