Por: Diego Hernán Armesto
Pasado el “20N”, corresponde comenzar el análisis de éste acontecimiento con una perspectiva histórica. Desde la recuperación democrática (1983) tuvimos treinta y dos (32) paros generales, los que podemos discriminar que en el período 1983/89 la central obrera llego a realizar trece (13) paros generales; entre los años 1989 y 1999 se llevaron a cabo ocho (8); desde 1999/01 se hicieron nueve (9) medidas de fuerza; y en el período anterior al 25 de mayo de 2003, solamente dos (2).
Éste fue el primero convocado desde que el matrimonio Kirchner gobierna nuestro país. Lamentablemente la reacción desde el Gobierno fue únicamente la de descalificar el paro, identificándolo con un gran “piquete”, llegando la propia Presidente a decir que: “No hablemos de huelga ni de piquete, hablemos de aprietes y amenazas”, estas acciones de ambas partes nos lleva a preguntarnos si verdaderamente es un reclamo por los derechos de los trabajadores o una interna del partido de gobierno.
Tales afirmaciones, a 29 años consecutivos de democracia, nos obliga a observar por un lado el cambio de mirada sobre los “piquetes” que tiene el oficialismo, teniendo en cuenta que ésta metodología de protesta fue alentada en varias oportunidades por miembros del propio gobierno. También de sus afirmaciones surge una intención subyacente de criminalizar la protesta, y pensar la protesta desde el Código Penal es un error enorme, porque el derecho a manifestar es la base de la preservación de los demás derechos, es un derecho fundamental que les asiste a todos los argentinos, ya que es la posibilidad de criticar tanto al poder público como el privado.
Independientemente de los métodos empleados, del intercambio de actitudes, declaraciones altisonantes y acusaciones vertidas durante el paro general, quedó claro que el “20N” es una interna palaciega – la del partido de gobierno – y que esas internas no puede poner presos a toda una sociedad. Es la hora, en ese constante camino de progreso y crecimiento en ciudadanía que nos debería imponer la democracia, para analizar con seriedad y responsabilidades si el movimiento sindical debe ser la columna vertebral de un partido o la voz y la representación genuina de los intereses de los trabajadores. Ese es uno de los grandes desafíos que nos propone el futuro.