Por: Diego Hernán Armesto
Existe un tema recurrente, una vocación inusitada en el actual gobierno de llevar adelante batallas, que a nuestro entender, pone en serio riesgo el funcionamiento de las cada uno de los poderes del Estado.
El avance que se lleva adelante contra el Poder Judicial, bajo el argumento de una supuesta “democratización”, es una excusa que busca habilitar la reforma constitucional y el sometimiento de un poder sobre otro. Se debe entender definitivamente que una de las premisas de la democracia es la constante voluntad de reafirmar el sistema de garantías y derechos humanos, y que la única “democratización” válida es la de dotar a cada uno de los poderes del Estado de los mecanismos que le permitan su propia subsistencia y gobierno.
Pareciera que la “democratización” del Poder Judicial que se pretende es nada más y nada menos que la subordinación a los designios de la administración de turno. La democratización es una palabra con gran valor y significancia siempre y cuando sea dicha con responsabilidad, y dicho concepto no puede ser reducido a la “democracia plebiscitaria” y a lo que las mayorías circunstanciales establecen y creen, entendiendo tal opinión como única y valedera. Esa omnipotencia de las mayorías se diluye lentamente cuando lo contrastamos con la realidad, así desde el 10 de diciembre de 1983, todos los integrantes del Poder Judicial fueron ratificados por la Comisión de Acuerdos del Senado, y desde 1994 es el Consejo de la Magistratura que posee tal atribución, donde una vez que se lleva a cabo el concurso, el Poder Ejecutivo envía una terna al Senado, para que este le preste el acuerdo que corresponde, para que los magistrados sean Jueces de la Constitución.
En tal sentido, si uno supone que la “democratización” de Poder Judicial llegará de la mano de la “alternancia” y de “la elección directa de sus miembros” se caería en un grave error y una aberración jurídica y conceptual del sistema republicano. Sólo hay que cumplir con nuestra Constitución Nacional, así el “Consejo de la Magistratura“, tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial, y su integración solamente procurará el equilibrio de sus miembros, elegidos entre los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular.
En conclusión, los problemas en la actualidad del Poder Judicial no se resuelven con recetas mágicas y extrañas a las existentes. La angustia y la preocupación de la población, denunciada por altos funcionarios del Gobierno para impulsar estos cambios es de una pobreza argumentativa llamativa y oculta fines que nada tienen que ver con las inquietudes de la ciudadanía. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y en éste caso es cumplir con las pautas establecidas en nuestra Ley, para asegurar las libertades de ayer, de hoy y del futuro.