Por: Diego Hernán Armesto
Las páginas de los principales diarios y los programas más vistos y escuchados de la televisión y radio ventilan a diario nuevos hechos que se refieren a hechos de corrupción en nuestro país protagonizados por funcionarios o personas cercanas al oficialismo.
Lamentablemente, en un ligero repaso de estos últimos 30 años de democracia, podemos ver que casi ninguna de las investigaciones ha llegado a buen puerto. Pensemos en algunas de ellas, las coimas en el Senado, la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero y la venta de armas, IBM Banco Nación, fueron todos procesos judiciales que, tratados morosamente por la Justicia, tuvieron como mínimo 10 años para ver sentado en el banquillo a algunos de los acusados responsables de tales hechos. Investigaciones eternas sobre enriquecimiento ilícito protagonizadas por funcionarios públicos.
En la actualidad, la Tragedia de Once, Skanska, Ciccone, Cromagñon, Sueños compartidos, las bóvedas de funcionarios y persona vinculadas al poder, entre otros, hechos investigados actualmente por la Justicia, que seguramente en el 2025 estaremos hablando todavía sobre ellas.
Pareciera que la “corrupción“, no existe en la agenda pública oficial, pero claramente en la actualidad, el “humor” de la sociedad ha comenzado a mirar con atención este flagelo, y nos obliga a poner la lupa sobre ella. Esta preocupación no es nueva, y por ello fue plasmada en la reforma Constitucional de 1994, una cláusula en el Art. 36 que dice: “...Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos...”.
Resulta fundamental encontrar entonces respuestas a esta problemática, que no sólo afecta a la credibilidad de un gobierno, sino que desgasta la instituciones y afecta directamente al ciudadano de a pie, por cuanto la “corrupción” deja al descubierto lo peor de la administración, golpeando a los sectores más vulnerables, porque cada peso que se pierde en la madeja de la “corrupción” es un peso que se le resta a hospitales, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.
Las respuestas ante éste flagelo son simples. Hacer fuertes los organismos de control y aplicar la Ley. La transparencia entonces debe estar garantizada por un Poder Judicial independiente y organismos de control imparciales y sin compromisos con el gobierno de turno. Lamentablemente el camino recorrido por el actual gobierno es exactamente el contrario, ha desarticulado los organismos de control existentes e intenta avanzar con voracidad sobre la independencia de los estamentos judiciales.
La convicción que los valores esenciales del sistema democrático deben estar entrelazado indefectiblemente a la transparencia y los controles en los actos públicos, hará posible que los gobiernos que sucedan al actual asuman que la “corrupción” es uno de los principales males a erradicar en nuestra Nación. Una legislación moderna, una justicia independiente y la voluntad política de sus gobernantes de combatir contra ese mal, son las herramientas necesarias para generar una Política de Estado sustentable en el tiempo, porque combatir la “corrupción” debe ser una lucha de toda una sociedad para evitar el debilitamiento de ese gran edificio que nos contiene a todos y que se llama democracia.