La fachada parece noble: el gobierno de Mendoza acordó con las dos tabacaleras más grandes del país, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la realización de un programa que aspira a que los quiscos no vendan cigarrillos a menores de 18 años. Sin embargo, la misma campaña ya se realizó en otros lugares del país sin él más mínimo éxito. Y documentos anteriormente confidenciales prueban que el propósito encubierto es hacer del tabaco una “fruta prohibida” para que los jóvenes empiecen a fumar.

El propio ministro de Salud provincial, Matías Roby, reconoció el verdadero objetivo de los programas: “En algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que tocamos en una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo, y acordamos justamente evitar que este proyecto progresara“, admitió.

La suspicacia crece si se tiene en cuenta que el acuerdo se conoce una semana después de que casi 180 países acordaran subir los impuestos a los cigarrillos en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, lo que el ministro Roby se comprometió a no hacer. Y justamente lo que desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial consideran como la medida más efectiva para frenar la epidemia de tabaquismo, basados en una voluminosa literatura científica que incluye más de cien estudios e investigaciones que el gobierno de Mendoza parece desconocer. A la postre, Argentina tiene un de los precios más bajos del mundo.

“Si quisieran reducir el consumo de tabaco deberían hacer cumplir la ley y avanzar con políticas de probada eficacia, como las medidas fiscales y la prohibición completa de la publicidad de tabaco. Cuando un gobierno admite la influencia de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las transnacionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población“, advirtió Verónica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, una de las ONG que denunció el pacto. Y anticipó que pedirá una audiencia con Roby, que aspira a ser candidato a gobernador en 2015 y que es conocido en su provincia por su estilo confrontativo.

Hay más declaraciones del ministro Roby que no dejan de sorprender, ya que son una copia calcada de los argumentos de la industria tabacalera. Por ejemplo, dijo que el objetivo del programa es “reforzar a nivel familiar la figura del fumador responsable”, una denominación usada por Nobleza Piccardo y Massalin Particulares y que sugiere que es posible un consumo responsable de un producto que provoca adicción, discapacidad y muerte.

“Existe abundante evidencia que muestra que después de los primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen signos de adicción y que no existe un nivel seguro de consumo. Resulta inadmisible que un ministro de salud hable de ‘consumo responsable’ de un producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores crónicos“, sentenció Ernesto Ruiz, el coordinador nacional de ALIAR, una red que nuclea a más de 100 organizaciones.

No obstante, el ejemplo más palpable de que el ministro apeló al léxico y los argumentos de la industria tabacalera es su acusación a las ONG de ser “absolutistas islámicos”. Es exactamente lo mismo que propuso en un reporte el Tobacco Institute, un grupo de lobby del que participan las casas matrices de Nobleza Piccardo y Massalin Particulares: llamó a usar los programas como un “cebo” para “forzar las críticas de los antitabaco”, hacerlos parecer “extremistas” y “desalentar” la legislación. Roby le hizo caso.

El funcionario se negó a dialogar con Infobae, aunque en un principio había accedido. “Te escribo a pedido del ministro, soy Juan Pablo (Parapuño), el jefe de prensa, avisame y coordinamos la nota. No hay drama”, fue el mensaje que llegó vía Twitter desde la cuenta de Roby. Sin embargo, durante dos días “pateó” la entrevista, evitó dar un teléfono para entablar un diálogo y finalmente, dejó de contestar los mails, mientras en público decía estar dispuesto a conversar con sus críticos.

El funcionario mendocino sólo habló con un pequeño diario local al que le dijo que las ONG le dan “risa”, como si los 40 mil argentinos que mueren al año por fumar fueran parte de una comedia. Lo curioso es que, en cambio, considere que las mismas tabacaleras que durante 50 años ocultaron que fumar es adictivo y mortal son interlocutores válidos a la hora de diseñar políticas públicas sobre salud.

La ineficaz campaña acordada consiste en colocar carteles en 5.500 quiscos con las leyendas “No vendemos cigarrillos a menores” o “No vendemos cigarrillos ilegales”. Esta maniobra tiene antecedentes en todo el mundo desde los años 80. Particularmente en distintos puntos de Argentina se realizó la campaña “Yo no vendo a menores”, que en realidad encubre una estrategia de marketing, descubierta a través de documentos anteriormente confidenciales de las tabacaleras que salieron a la luz durante los juicios en los Estados Unidos.

Esos papeles prueban que la industria fomenta las prohibiciones de venta a menores para hacer del tabaco un “fruto prohibido” e incentivar a los jóvenes a fumar. De hecho, así lo hacen a través de la publicidad, como la campaña mundial que Marlboro lanzó este año Argentina, que apunta exclusivamente a los adolescentes. Por eso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS advierte que la prohibición de venta sólo funciona si se la acompaña de la prohibición total de publicidad.

Lo más insólito es que el ministro Roby piense que en su provincia va a funcionar un programa que fracasó en el resto del país. De hecho, según Nobleza Piccardo, ya se realizó en más de 110 mil puntos de venta. Pero la realidad muestra que conseguir cigarrillos para un niño sigue siendo tan fácil como comprar caramelos. Es más: un relevamiento reciente que incluyó a Mendoza probó que el 73,3% de los quioscos no cumplen con las restricciones a la publicidad de cigarrillos.

Quizás la respuesta a tanta incoherencia no está en la eficacia del programa, sino en el bolsillo de la cartera que conduce Roby. El propio funcionario reconoció a la prensa local que se buscó liberar fondos que se destinarían, supuestamente, para programas de deporte y prevención. En otras palabras, admitió que el objetivo fue el dinero, que nadie sabe a ciencia cierta ni su monto ni para qué se usará. Incluso el contenido de los acuerdos le fue negado a Infobae. Si el objetivo es reducir el consumo, como sugirió, la pregunta es por qué no propuso las políticas que impulsa la OMS y que ya fueron probadas en otros países.

Los documentos secretos de las tabacaleras muestran, además, que con estas iniciativas las empresas buscan posicionarse como un actor responsable dentro de la sociedad. Es la propia industria la que admite puertas adentro que hay que alentar este tipo de acuerdos para frenar legislaciones más duras. En efecto, no es casual que hayan elegido una provincia con muchos proyectos antitabaco en su haber, como el de prohibición de publicidad, que en no más de 15 días deberá tratarse en el recinto. Los representantes de las tabacaleras ya visitaron los despachos de varios legisladores. Al parecer, ya tienen el voto del oficialismo.

Si está en contra del acuerdo, puede firmar un petitorio para forzar su suspensión en el siguiente link.

La cena de gala que cada año organiza la Asociación Conciencia es uno de los eventos sociales que más famosos convoca. Bajo un supuesto manto de pluralidad, el último 16 de mayo hubo fotos en las que se cruzaron, por ejemplo, los presidenciables Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli y Ernesto Sanz, con Juan Carr, Mirta Legrand o Florencia de la V. Quizás ninguno de ellos es consciente del favor que le hizo a la industria tabacalera.

La Asociación Conciencia reconoce en su página web que entre sus donantes están Massalin Particulares (Philip Morris), Alliance Once, Universal Leaf Tabacos, la Cámara del Tabaco de Salta y las cooperativas de productores de esa provincia y de Jujuy. La industria tabacalera financia tres programas (“Porvenir”, “Jardines de Cosecha” y “PPTI”) que supuestamente luchan contra el trabajo infantil.

El profesor Stanton Glantz, de la University of California, calcula que las tabacaleras se ahorran casi 1.200 millones de dólares al año gracias a la explotación de niños. Financiar programas como Porvenir tiene un costo insignificante para la industria. La Asociación Conciencia le lava su imagen con el dinero que paradójicamente nace del trabajo infantil.

La OMS desalienta ese tipo de alianzas. En las directrices para la aplicación del Convenio Marco para el Control de Tabaco aconseja “desnormalizar y en la medida de lo posible reglamentar las actividades que la industria tabacalera describe como ‘socialmente responsables’”, porque desconfía del sector. Dice al respecto: “La industria lleva a cabo estas actividades para alejar su imagen de la naturaleza letal del producto que produce y vende, o para interferir en el establecimiento y la aplicación de políticas de salud pública”.

La responsabilidad social de la industria tabacalera es, en palabras de la OMS, “una contradicción inherente”. Varios estudios coincidieron en que mejora su imagen entre los jóvenes. La conclusión de un informe conjunto de la OMS y la OPS publicado en  2012 no deja lugar a dudas sobre las intenciones: “manipular la opinión pública”. El reporte advierte que sus programas de RSE incluyen “campañas ineficaces de prevención de tabaquismo juvenil”.

En otra investigación, la OPS ha puesto como ejemplo de “campaña ineficaz” al programa “Yo Tengo PODER”, creado y financiado por Philip Morris para toda América Latina, y llevado adelante en Argentina, Uruguay y Paraguay justamente por la Asociación Conciencia a partir de 1997.

Entre otras cosas, el programa transmitía a los chicos la idea de que fumar es una decisión de adultos. El mensaje subliminal, en realidad, era una invitación a la trasgresión. También planteaba que la presión para fumar proviene de los compañeros, con lo que desviaba la atención de la publicidad y el marketing, en momentos en que la región discutía cómo regular el tema. Quizás por esas falencias después de más de un década la ONG le puso fin al programa “Yo Tengo PODER” en Argentina, aunque siguió aceptando el dinero de las tabacaleras.

Carolyn Levy es una investigadora contratada por Philip Morris para estudiar la conducta de los fumadores y afinar la dirección de la publicidad. Cuando una correspondencia interna que escribió salió a la luz quedó al descubierto su “Proyecto Arquetipo”, en el que recomendaba al departamento de marketing, entre otras cosas, “hacer hincapié en que fumar es sólo para adultos” puesto que había observado que muchos jóvenes empiezan a fumar porque lo relacionan con el “iniciación de la adultez”.

Esa fue exactamente la estrategia que usó durante años la industria tabacalera en sus programas de prevención de tabaquismo y “habilidades para la vida”, como “Yo Tengo el PODER”. Ahora la Asociación Conciencia está reincidiendo en la misma táctica, pero en otro rubro: se alió con Quilmes para encarar un programa con el lema “no le vendemos alcohol a los jóvenes”.

Con esos antecedentes a cuestas, la guía para educadores sobre tabaquismo del Ministerio de Salud también advierte que los programas como “Yo Tengo el PODER” “no han probado ser efectivos”.

Sin embargo, durante años el programa de Philip Morris y la Asociación Conciencia fue un éxito y recibió el apoyo de los Gobiernos. En Argentina llegó a escuelas de al menos 18 provincias. Y en Uruguay fue declarado de “interés educativo” por el Ministerio de Educación y Cultura. El titular de esa cartera era Antonio Mercader, quien años después terminó como consultor de una tabacalera.

En Paraguay, el periodista Marcial Riveros investigó el tema. Cuenta que Conciencia de Argentina creó en su país una ONG homónima para llevar adelante “Yo Tengo PODER”, pero que el proyecto fue resistido por “el Departamento de Tabaquismo, ONGs, organizaciones sociales de padres de alumnos de colegios y otros”, por lo que “desapareció la ONG Conciencia de Paraguay”. Sin embargo, relata que “desde la Argentina se subcontrató a otra ONG, Sumando, que se encargó dos años después de realizar la segunda incursión en Paraguay”.

Socio estratégico

Justificar una sociedad con una tabacalera es un verdadero reto retórico. Los donantes de Conciencia luchan contra el trabajo infantil que abunda en sus propios campos o en las fincas a las que le compran su materia prima, cuyo precio es bajo gracias a la explotación de chicos.

Explicar esa alianza también es un desafío ético. Vale recordar: son empresas que han conspirado durante décadas para ocultar los daños que provoca el cigarrillo en la salud y su poder adictivo, y que han sostenido sus negocios a fuerza de marketing y publicidad engañosa.

Todo está documentado en sus propios memorandos confidenciales, que salieron a la luz a partir de los juicios que hubo en Estados Unidos en los ‘90. En esos documentos la propia industria tabacalera reconoce los objetivos espurios de sus programas de RSE.

Uno de esos reportes es especialmente “sincericida”. Lo elaboró en 1991 el Tobacco Institute, una poderosa asociación de lobby de Estados Unidos. En un “paper de discusión” define claramente los objetivos y estrategias de los programas juveniles de la industria, y entre otras cosas, llama a usarlos como un “cebo” para “forzar las críticas de los antitabaco”, hacerlos parecer como “extremistas” y de esta forma “desalentar las restricciones publicitarias”. Sin embargo, en ningún momento menciona como propósito reducir el tabaquismo juvenil.

Cuando la jueza Gladys Kessler emitió en 2006 su histórico fallo contra la industria tabacalera por engañar al pueblo estadounidense, fue muy dura con los programas de RSE de la industria. Observó que tienen un mensaje oculto para que fumen los adolescentes, no dicen que fumar mata y es adictivo, y “no se han hecho esfuerzos para validar su eficacia”.

Hoy Conciencia tiene cinco programas contra el trabajo infantil. En su sitio de internet, sólo uno de ellos tiene estadísticas sobre sus resultados, pero no es ninguno de los tres que financia la industria tabacalera y apenas logró que el 11% de los participantes deje de trabajar. Sucede que las iniciativas de la asociación no implican ninguna intervención activa ni aspiran a una solución de fondo. Además, conllevan un mensaje riesgoso de las tabacaleras al Estado y la ciudadanía: “No nos regulen, nosotros somos responsables”.

La alianza con la industria además contradice el sentido del propio estatuto de la Asociación Conciencia, que en su artículo 2° habla de “educar para la promoción de acciones tendientes al bienestar general”. El primer valor que menciona como “guía” es “el respeto a la dignidad humana”. Y tiene programas orientados a la “vida saludable”. Nada más alejado de esos principios que una tabacalera.

Massalin Particulares acaba de lanzar en Argentina la campaña Be Marlboro, prohibida en 2011 por la justicia de Alemania por apuntar exclusivamente a los jóvenes. Aunque Philip Morris dice que busca seducir al público adulto, utiliza temáticas que interesan a los adolescentes, como imágenes de fogones, recitales, fiestas o deportes extremos.

Además, Conciencia tiene programas de educación ciudadana que poco y nada tienen que ver con la actitud de Massalin Particulares. La ley 26687 y su decreto reglamentario prohíben que la publicidad de cigarrillos en los puntos de venta tenga más de 30 x 30 centímetros, use pantallas o carteles lumínicos o se vea desde afuera de los locales. Sin embargo, las siguientes fotografías prueban que no tiene la menor intención de cumplir la ley.

Tal como lo reconoce hasta el Banco Mundial, la prohibición de venta a menores es una de las dos estrategias menos efectivas contra el tabaquismo. La otra son los programas de educación escolar. Son las dos medidas que la industria ha promovido a través de sus programas de responsabilidad social corporativa, mientras que ha rechazado otras probadamente eficaces, como la suba de impuestos o las restricciones publicitarias. Los aliados de la Asociación Conciencia resisten leyes antitabaco más duras, pese a que 40 mil argentinos mueren al año por fumar.

También se oponen al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS –el tratado internacional que más adhesiones tiene, pero que Argentina nunca ratificó por presión de la industria– porque, dicen, pondría en riesgo el insólito subsidio a la producción de tabaco. Según la OMS y la OPS, una de las estrategias de las tabacaleras es “exagerar su importancia económica”. Las noches de gala de la Asociación Conciencia son un buen lugar para hacerlo.

*En los próximos posts, más información sobre las iniciativas de RSE de la industria tabacalera, las evidencias científicas sobre la ineficacia de sus programas juveniles y el trabajo infantil en los cultivos de tabaco.

¿En qué consiste la demanda?

En lugar de pedir una indemnización, el objetivo es que las tabacaleras creen un fondo fiduciario que genere al año lo que gastan el Estado y las empresas privadas en la atención médica de miles de ex fumadores con enfermedades provocadas por el cigarrillo.

El formato es toda una novedad…

Se pensó una estrategia nueva: en vez de ir contra las empresas en representación de los damnificados se buscó que el Estado sea beneficiario. Es otra lógica para que no haya cataratas de juicios de fumadores, pues los montos serían incalculables, mientras que el Estado tiene claro cuánto gasta. Las empresas creen que con los impuestos se están haciendo cargo del reintegro, pero no es así, no alcanza.

¿Qué ventaja tiene realizar una acción colectiva?

Si esto lo hubieran hecho personas particulares no hubieran llegado muy lejos porque la Justicia no está preparada y los jueces tienen miedo. Teniendo como beneficiario al Estado lo van a pensar dos veces.

Entonces la ventaja es multiplicar la presión social…

Desde un punto de vista táctico, sí, porque es un litigio de gran envergadura que a la gente le importa. Y hay un interés público porque hay varios afectados. Lo que necesita ahora es difusión en los medios.

¿En qué estado se encuentra el juicio?

Está en etapa probatoria. Pero para llegar hasta aquí hubo que atravesar ocho recursos de las tabacaleras, incluido uno que no existe. Ninguno prosperó.

Si la Justicia falla a su favor, ¿qué ganarían los beneficiarios?

El derecho a una atención médica no sólo gratuita, sino también de calidad. Esto último es importante porque cuanto menos pagás, antes te morís.

Pero su planteo no abarca a todos los fumadores, sino a los que comenzaron a fumar hasta 1988 y abandonaron el vicio antes de 1998. ¿A qué se debe tanta precisión?

Como ninguno de los 300 juicios conocidos de particulares contra las tabacaleras prosperó, estudiamos cómo hacerlo de otra manera y lo limitamos por una razón lógica-temporal: no es lo mismo la información y la publicidad que había antes que la que hay en la actualidad, y la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” se implementó en 1986. Hoy el que fuma sabe lo que hace el cigarrillo. ¿Pero en los ’70 lo sabía?

¿Qué pasa con las personas que quedaron afuera de la demanda?

Lo lamento. Es arbitrario. Sino el juez tendría que aceptar a todo el mundo.

¿Es una actitud realista?

Totalmente. Soy idealista hasta cierto punto, porque también soy abogado.

¿Qué defensa plantearon las demandadas?

Trataron de tirar abajo la demanda diciendo que no existe mi proposición, que es nula porque no es una acción que sirva en el derecho argentino, que está prescripta y que no tengo legitimidad.

Justamente uno de los motivos por los que fracasaron la mayoría de las demandas que se entablaron contra las tabacaleras en Argentina fue porque los jueces concluyeron que los reclamos habían prescripto. ¿Cómo piensa sortear ese obstáculo?

Primero, el reclamo no apunta a los daños que ya está sufriendo la gente, sino a los futuros. Es preventivo. En otras palabras, no hay prescripción porque todavía no hay daño. Por otra parte, la demanda la encara una asociación recién constituida, por lo que la prescripción no rige para ella.

El otro motivo por el que rechazaron muchas demandas fue porque los jueces consideraron que no se pudo probar la relación de causalidad entre fumar y los daños a la salud…

No hay que probarla, porque aquí el problema es económico. Lo que se debate esencialmente son los gastos que sufre el Estado. En todo caso, la relación de causalidad va a ser discutida en la etapa de ejecución, cuando los afectados se presenten para ser beneficiarios. No obstante, en la demanda hay una presunción establecida de que cuando enferma un fumador de determinadas características y edad es por el cigarrillo.

Se suele decir que el que no hay juicios contras las tabacaleras en Argentina porque el que pierde su funde pagando los gastos. ¿Tenés miedo?

La única excepción para no pagar costas es que se trate de un planteo original. Apuesto a eso. Además, las acciones colectivas están beneficiadas por la justicia gratuita. Y hay muchos fallos que lo ratifican, incluso de la Corte Suprema. Igual, no tengo miedo. No me importa fundirme.

¿Usted fuma o fumó?

No. Pero es un tema que me toca de cerca por gente que acompañé hasta el final en su enfermedad. Tengo una persona cercana que antes de morir me dijo: “Lo único que me arrepiento en esta vida es haber fumado”.

“Massalin Particulares aprovecha que la mayoría de las personas no sabe que el cigarrillo tiene una fecha de consumo preferente y mantiene indefinidamente en el mercado un producto que no pasaría el más mínimo examen de calidad”, explicó a #MalditaNicotina el abogado marplatense Máximo Sabater, quien demandó en septiembre del año pasado a la empresa por esa irregularidad.

Casi todos los productos de consumo tienen fecha de vencimiento. Incluso los que casi no se deterioran con el tiempo. Ocultarla permite acumular mercadería, una ventaja desleal y a costa de los consumidores, en este caso adictos, muy redituable en un contexto inflacionario como el actual. Todo lo que produce se vende.

En su línea de atención al cliente, Massalin Particulares reconoce que la fecha de caducidad “no se encuentra impresa”. Y admite: “En condiciones normales nuestros productos se mantienen frescos durante 10 meses. Después de ese período puede ser que no perciba el sabor que está acostumbrado”.

Entonces, si vence, ¿por qué no figura la fecha de caducidad? “La ley no lo requiere”, fue la respuesta a la consulta de este blog. No es verdad.

En su artículo 4º, la Ley de Defensa del Consumidor exige que el proveedor suministre “en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes”. Su importancia la interpreta Sabater: “Es todo lo que puede cambiar el consentimiento del comprador. Por ejemplo, nadie adquiriría un producto fabricado hace 3 años si al lado le ofrecen uno hecho la semana pasada”.

En Massalin Particulares ensayan una insólita justificación: “La compañía se encarga de asegurar que todos los productos tengan una alta rotación”. O sea que los consumidores dependen de la buena fe de una empresa que durante décadas ocultó los daños que provoca el cigarrillo a la salud.

Además del tabaco, los cigarrillos tienen otros componentes que se ven afectados por el paso del tiempo, como el papel o el filtro. Lo mismo ocurre con los aditivos. Pero cuando este blog se lo preguntó a Massalin Particulares, la respuesta fue una evasiva: “No podemos informarle”.

Decomiso

La demanda de Sabater, presentada junto a su colega Daniel Romeo, ya fue contestada. El próximo paso  es la apertura a prueba del expediente, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mar del Plata.

No obstante, los actores solicitaron una medida cautelar para que al menos en el partido bonaerense de General Pueyrredón se secuestren todos los atados de Massalin Particulares hasta que se verifique que cumplen con la ley. Antes que nada, la jueza Daniela V. Basso de Cirianni debería pronunciarse sobre esa petición.

“Nos dicen que vamos por la plata, pero no pedimos una cifra. Nuestro objetivo principal es que pongan la fecha de caducidad. Y, por supuesto, que se multe a la empresa teniendo en cuenta los montos de gran envergadura que manejan”, especifica Sabater.

La aclaración final no es menor: la ley contempla una sanción económica de hasta 5 millones de pesos, una cifra irrisoria para una industria que maneja miles de millones al año. Por caso, en una demanda gemela realizada en España se sugirió una multa de 150 millones de euros.

“En nuestro caso, por las presiones del sector terminaron archivando la demanda. No siempre se gana aunque se tenga razón”, comentó a #MalditaNicotina Hermenegildo García García, coordinador Ausbanc Consumo, la asociación que impulsó la denuncia en España, donde ningún paquete lleva fecha de consumo preferente.

En Argentina, en cambio, Nobleza Piccardo (Camel, Lucky Strike, Jockey, Kool) coloca la tibia advertencia “Mejor antes de” y una fecha.

¿Fecha codificada?

En su demanda, Sabater y Romeo concluyen que Massalin Particulares codifica una fecha.  “No lo negaron en su contestación porque está acabadamente probado”, alega Sabater.

El sistema de codificación constaría de dos números y una letra, que figuran en la estampilla fiscal (foto). “El primer número identificaría el año, el segundo, la semana, y la letra, el mes”, precisa Sabater.

Los abogados decodificaron las letras correspondientes a los meses de la siguiente manera:

Así, por ejemplo, el código 31O remitiría a la primera semana de junio de 2013. Lo que no está claro es si se trata de la fecha de consumo preferente o de elaboración.

Sin embargo, en su línea de atención al cliente Massalin Particulares asegura que “es un código de fabricación interno”.

La demanda nada dice de la presunta responsabilidad que le correspondería al Estado. Tampoco se pregunta si el cigarrillo vencido es aún más dañino. “No nos metimos con esos temas para evitar la discusión”, pormenoriza Sabater. Frente a una justicia lenta, evitar la controversia acorta los tiempos. Quedará para otro juicio.

Los juicios que más temen las tabacaleras son los que persiguen reintegros por los gastos de salud. En Estados Unidos, esos reclamos pusieron jaque a la industria, al punto que forzaron la firma del MSA, un acuerdo que incluyó una multimillonaria indemnización para pagar tratamientos médicos y una brutal limitación de la publicidad. También obligó a las empresas a entregar todos sus documentos confidenciales.

Un mail interno de British American Tobacco auguraba en 1998 que Argentina era uno de los países donde podía repetirse la historia. Sin embargo, las primeras demandas fueron individuales. Recién en 2007 se inició un planteo distinto, cuando la Asociación Argentina de Derecho de Daño (AADD) emprendió una novedosa acción colectiva en la que pretende que el beneficiario sea el Estado.

El diseño es original: propone que las dos tabacaleras argentinas creen un fondo fiduciario para reembolsar los gastos públicos y privados que provoca el tabaquismo por los daños a la salud.

“Es otra lógica para que no haya cataratas de juicios de damnificados, pues los montos serían incalculables, mientras que el Estado ya tiene claro cuánto gasta por año”, explicó a #MalditaNicotina el titular de la AADD, Pedro Mollura. Y precisó: “Las tabacaleras creen que con los impuestos ya se están haciendo cargo del reintegro, pero no es así, no alcanza”.

Los antecedentes no son alentadores. A través de los documentos secretos de las tabacaleras se sabe que hubo mediaciones, aunque se desconoce si se cerraron con arreglos extrajudiciales. Y si fue así, es probable que contengan cláusulas de confidencialidad. Pero nunca vieron una sentencia judicial adversa.

El único estudio científico sobre los casos que sí se judicializaron se publicó Tobacco control en 2006. Analiza 15 causas civiles y penales. Concluye que dos motivos explican el fracaso unánime. Primero y principal: que los reclamos prescribieron. Segundo: que no se pudo probar la relación de causalidad entre el consumo del tabaco y el daño a la salud.

Los jueces consideraron que este tipo de planteos prescriben a los dos años. Y como la ley que obliga a incluir en los atados la imprecisa leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” es de agosto de 1986, coincidieron en que los reclamos, hablando grosso modo, prescribieron el mismo mes de 1988.

Los fallos también subrayan la falta de sustento científico. Por ejemplo en los casos “Vanina, Pelioni y García” y “Cornejo” se presentaron como pruebas artículos periodísticos que la Justicia no tuvo en cuenta.

Paradójicamente, para desligar a las empresas de responsabilidad los propios tribunales destacaron en otras sentencias la amplia difusión que tienen las consecuencias del tabaquismo.

Todos los jueces minimizaron al extremo el poder de la adicción -aún en los casos en que los enfermos eran ex fumadores- e ignoraron que las tabacaleras modificaron sus productos para potenciar la adicción.

“Fumar es una conducta voluntaria susceptible de poder ser abandonada si la persona se propone tal obligación”, opinó un tribunal en el expediente “Sosa”. Agregó que no es posible pensar que un graduado universitario desconoce los efectos nocivos del tabaquismo.

“Y si el actor no tuvo la suficiente energía o fuerza de voluntad como para dejar un hábito que lo estaba dañando, no puede ahora pretender que sea recompensada esa desidia”, concluyó, en sintonía, la sala K de la Cámara Civil en el caso “Minisini Verdi”.

La derrota del fumador Carlos Mela en 2004 fue un duro revés para los juicios como instrumento de control del tabaquismo, pues fue ampliamente divulgado, incluyendo artículos en Clarín y La Nación. Si no lo salvaba un beneficio de litigar sin gastos, el demandante habría tenido que pagar unos 8.800 dólares. El posible gasto ante una sentencia adversa espantó a potenciales demandantes.

Después de 8 recursos de los abogados de las tabacaleras, el expediente de la AADD entró en etapa probatoria a mediados del año pasado. Ahora se espera que declaren decenas de testigos, que van desde la ex ministra Nilda Garré, que denunció al lobby tabacalero cuando era diputada, hasta los directivos de las empresas. Después de la reglamentación de la Ley de Control de Tabaco a fines de mayo, podría ser otro escalón en la lucha contra la epidemia forzada por la industria tabacalera.