La fachada parece noble: el gobierno de Mendoza acordó con las dos tabacaleras más grandes del país, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la realización de un programa que aspira a que los quiscos no vendan cigarrillos a menores de 18 años. Sin embargo, la misma campaña ya se realizó en otros lugares del país sin él más mínimo éxito. Y documentos anteriormente confidenciales prueban que el propósito encubierto es hacer del tabaco una “fruta prohibida” para que los jóvenes empiecen a fumar.

El propio ministro de Salud provincial, Matías Roby, reconoció el verdadero objetivo de los programas: “En algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que tocamos en una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo, y acordamos justamente evitar que este proyecto progresara“, admitió.

La suspicacia crece si se tiene en cuenta que el acuerdo se conoce una semana después de que casi 180 países acordaran subir los impuestos a los cigarrillos en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, lo que el ministro Roby se comprometió a no hacer. Y justamente lo que desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial consideran como la medida más efectiva para frenar la epidemia de tabaquismo, basados en una voluminosa literatura científica que incluye más de cien estudios e investigaciones que el gobierno de Mendoza parece desconocer. A la postre, Argentina tiene un de los precios más bajos del mundo.

“Si quisieran reducir el consumo de tabaco deberían hacer cumplir la ley y avanzar con políticas de probada eficacia, como las medidas fiscales y la prohibición completa de la publicidad de tabaco. Cuando un gobierno admite la influencia de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las transnacionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población“, advirtió Verónica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, una de las ONG que denunció el pacto. Y anticipó que pedirá una audiencia con Roby, que aspira a ser candidato a gobernador en 2015 y que es conocido en su provincia por su estilo confrontativo.

Hay más declaraciones del ministro Roby que no dejan de sorprender, ya que son una copia calcada de los argumentos de la industria tabacalera. Por ejemplo, dijo que el objetivo del programa es “reforzar a nivel familiar la figura del fumador responsable”, una denominación usada por Nobleza Piccardo y Massalin Particulares y que sugiere que es posible un consumo responsable de un producto que provoca adicción, discapacidad y muerte.

“Existe abundante evidencia que muestra que después de los primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen signos de adicción y que no existe un nivel seguro de consumo. Resulta inadmisible que un ministro de salud hable de ‘consumo responsable’ de un producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores crónicos“, sentenció Ernesto Ruiz, el coordinador nacional de ALIAR, una red que nuclea a más de 100 organizaciones.

No obstante, el ejemplo más palpable de que el ministro apeló al léxico y los argumentos de la industria tabacalera es su acusación a las ONG de ser “absolutistas islámicos”. Es exactamente lo mismo que propuso en un reporte el Tobacco Institute, un grupo de lobby del que participan las casas matrices de Nobleza Piccardo y Massalin Particulares: llamó a usar los programas como un “cebo” para “forzar las críticas de los antitabaco”, hacerlos parecer “extremistas” y “desalentar” la legislación. Roby le hizo caso.

El funcionario se negó a dialogar con Infobae, aunque en un principio había accedido. “Te escribo a pedido del ministro, soy Juan Pablo (Parapuño), el jefe de prensa, avisame y coordinamos la nota. No hay drama”, fue el mensaje que llegó vía Twitter desde la cuenta de Roby. Sin embargo, durante dos días “pateó” la entrevista, evitó dar un teléfono para entablar un diálogo y finalmente, dejó de contestar los mails, mientras en público decía estar dispuesto a conversar con sus críticos.

El funcionario mendocino sólo habló con un pequeño diario local al que le dijo que las ONG le dan “risa”, como si los 40 mil argentinos que mueren al año por fumar fueran parte de una comedia. Lo curioso es que, en cambio, considere que las mismas tabacaleras que durante 50 años ocultaron que fumar es adictivo y mortal son interlocutores válidos a la hora de diseñar políticas públicas sobre salud.

La ineficaz campaña acordada consiste en colocar carteles en 5.500 quiscos con las leyendas “No vendemos cigarrillos a menores” o “No vendemos cigarrillos ilegales”. Esta maniobra tiene antecedentes en todo el mundo desde los años 80. Particularmente en distintos puntos de Argentina se realizó la campaña “Yo no vendo a menores”, que en realidad encubre una estrategia de marketing, descubierta a través de documentos anteriormente confidenciales de las tabacaleras que salieron a la luz durante los juicios en los Estados Unidos.

Esos papeles prueban que la industria fomenta las prohibiciones de venta a menores para hacer del tabaco un “fruto prohibido” e incentivar a los jóvenes a fumar. De hecho, así lo hacen a través de la publicidad, como la campaña mundial que Marlboro lanzó este año Argentina, que apunta exclusivamente a los adolescentes. Por eso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS advierte que la prohibición de venta sólo funciona si se la acompaña de la prohibición total de publicidad.

Lo más insólito es que el ministro Roby piense que en su provincia va a funcionar un programa que fracasó en el resto del país. De hecho, según Nobleza Piccardo, ya se realizó en más de 110 mil puntos de venta. Pero la realidad muestra que conseguir cigarrillos para un niño sigue siendo tan fácil como comprar caramelos. Es más: un relevamiento reciente que incluyó a Mendoza probó que el 73,3% de los quioscos no cumplen con las restricciones a la publicidad de cigarrillos.

Quizás la respuesta a tanta incoherencia no está en la eficacia del programa, sino en el bolsillo de la cartera que conduce Roby. El propio funcionario reconoció a la prensa local que se buscó liberar fondos que se destinarían, supuestamente, para programas de deporte y prevención. En otras palabras, admitió que el objetivo fue el dinero, que nadie sabe a ciencia cierta ni su monto ni para qué se usará. Incluso el contenido de los acuerdos le fue negado a Infobae. Si el objetivo es reducir el consumo, como sugirió, la pregunta es por qué no propuso las políticas que impulsa la OMS y que ya fueron probadas en otros países.

Los documentos secretos de las tabacaleras muestran, además, que con estas iniciativas las empresas buscan posicionarse como un actor responsable dentro de la sociedad. Es la propia industria la que admite puertas adentro que hay que alentar este tipo de acuerdos para frenar legislaciones más duras. En efecto, no es casual que hayan elegido una provincia con muchos proyectos antitabaco en su haber, como el de prohibición de publicidad, que en no más de 15 días deberá tratarse en el recinto. Los representantes de las tabacaleras ya visitaron los despachos de varios legisladores. Al parecer, ya tienen el voto del oficialismo.

Si está en contra del acuerdo, puede firmar un petitorio para forzar su suspensión en el siguiente link.

¿En qué consiste la demanda?

En lugar de pedir una indemnización, el objetivo es que las tabacaleras creen un fondo fiduciario que genere al año lo que gastan el Estado y las empresas privadas en la atención médica de miles de ex fumadores con enfermedades provocadas por el cigarrillo.

El formato es toda una novedad…

Se pensó una estrategia nueva: en vez de ir contra las empresas en representación de los damnificados se buscó que el Estado sea beneficiario. Es otra lógica para que no haya cataratas de juicios de fumadores, pues los montos serían incalculables, mientras que el Estado tiene claro cuánto gasta. Las empresas creen que con los impuestos se están haciendo cargo del reintegro, pero no es así, no alcanza.

¿Qué ventaja tiene realizar una acción colectiva?

Si esto lo hubieran hecho personas particulares no hubieran llegado muy lejos porque la Justicia no está preparada y los jueces tienen miedo. Teniendo como beneficiario al Estado lo van a pensar dos veces.

Entonces la ventaja es multiplicar la presión social…

Desde un punto de vista táctico, sí, porque es un litigio de gran envergadura que a la gente le importa. Y hay un interés público porque hay varios afectados. Lo que necesita ahora es difusión en los medios.

¿En qué estado se encuentra el juicio?

Está en etapa probatoria. Pero para llegar hasta aquí hubo que atravesar ocho recursos de las tabacaleras, incluido uno que no existe. Ninguno prosperó.

Si la Justicia falla a su favor, ¿qué ganarían los beneficiarios?

El derecho a una atención médica no sólo gratuita, sino también de calidad. Esto último es importante porque cuanto menos pagás, antes te morís.

Pero su planteo no abarca a todos los fumadores, sino a los que comenzaron a fumar hasta 1988 y abandonaron el vicio antes de 1998. ¿A qué se debe tanta precisión?

Como ninguno de los 300 juicios conocidos de particulares contra las tabacaleras prosperó, estudiamos cómo hacerlo de otra manera y lo limitamos por una razón lógica-temporal: no es lo mismo la información y la publicidad que había antes que la que hay en la actualidad, y la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” se implementó en 1986. Hoy el que fuma sabe lo que hace el cigarrillo. ¿Pero en los ’70 lo sabía?

¿Qué pasa con las personas que quedaron afuera de la demanda?

Lo lamento. Es arbitrario. Sino el juez tendría que aceptar a todo el mundo.

¿Es una actitud realista?

Totalmente. Soy idealista hasta cierto punto, porque también soy abogado.

¿Qué defensa plantearon las demandadas?

Trataron de tirar abajo la demanda diciendo que no existe mi proposición, que es nula porque no es una acción que sirva en el derecho argentino, que está prescripta y que no tengo legitimidad.

Justamente uno de los motivos por los que fracasaron la mayoría de las demandas que se entablaron contra las tabacaleras en Argentina fue porque los jueces concluyeron que los reclamos habían prescripto. ¿Cómo piensa sortear ese obstáculo?

Primero, el reclamo no apunta a los daños que ya está sufriendo la gente, sino a los futuros. Es preventivo. En otras palabras, no hay prescripción porque todavía no hay daño. Por otra parte, la demanda la encara una asociación recién constituida, por lo que la prescripción no rige para ella.

El otro motivo por el que rechazaron muchas demandas fue porque los jueces consideraron que no se pudo probar la relación de causalidad entre fumar y los daños a la salud…

No hay que probarla, porque aquí el problema es económico. Lo que se debate esencialmente son los gastos que sufre el Estado. En todo caso, la relación de causalidad va a ser discutida en la etapa de ejecución, cuando los afectados se presenten para ser beneficiarios. No obstante, en la demanda hay una presunción establecida de que cuando enferma un fumador de determinadas características y edad es por el cigarrillo.

Se suele decir que el que no hay juicios contras las tabacaleras en Argentina porque el que pierde su funde pagando los gastos. ¿Tenés miedo?

La única excepción para no pagar costas es que se trate de un planteo original. Apuesto a eso. Además, las acciones colectivas están beneficiadas por la justicia gratuita. Y hay muchos fallos que lo ratifican, incluso de la Corte Suprema. Igual, no tengo miedo. No me importa fundirme.

¿Usted fuma o fumó?

No. Pero es un tema que me toca de cerca por gente que acompañé hasta el final en su enfermedad. Tengo una persona cercana que antes de morir me dijo: “Lo único que me arrepiento en esta vida es haber fumado”.

Los juicios que más temen las tabacaleras son los que persiguen reintegros por los gastos de salud. En Estados Unidos, esos reclamos pusieron jaque a la industria, al punto que forzaron la firma del MSA, un acuerdo que incluyó una multimillonaria indemnización para pagar tratamientos médicos y una brutal limitación de la publicidad. También obligó a las empresas a entregar todos sus documentos confidenciales.

Un mail interno de British American Tobacco auguraba en 1998 que Argentina era uno de los países donde podía repetirse la historia. Sin embargo, las primeras demandas fueron individuales. Recién en 2007 se inició un planteo distinto, cuando la Asociación Argentina de Derecho de Daño (AADD) emprendió una novedosa acción colectiva en la que pretende que el beneficiario sea el Estado.

El diseño es original: propone que las dos tabacaleras argentinas creen un fondo fiduciario para reembolsar los gastos públicos y privados que provoca el tabaquismo por los daños a la salud.

“Es otra lógica para que no haya cataratas de juicios de damnificados, pues los montos serían incalculables, mientras que el Estado ya tiene claro cuánto gasta por año”, explicó a #MalditaNicotina el titular de la AADD, Pedro Mollura. Y precisó: “Las tabacaleras creen que con los impuestos ya se están haciendo cargo del reintegro, pero no es así, no alcanza”.

Los antecedentes no son alentadores. A través de los documentos secretos de las tabacaleras se sabe que hubo mediaciones, aunque se desconoce si se cerraron con arreglos extrajudiciales. Y si fue así, es probable que contengan cláusulas de confidencialidad. Pero nunca vieron una sentencia judicial adversa.

El único estudio científico sobre los casos que sí se judicializaron se publicó Tobacco control en 2006. Analiza 15 causas civiles y penales. Concluye que dos motivos explican el fracaso unánime. Primero y principal: que los reclamos prescribieron. Segundo: que no se pudo probar la relación de causalidad entre el consumo del tabaco y el daño a la salud.

Los jueces consideraron que este tipo de planteos prescriben a los dos años. Y como la ley que obliga a incluir en los atados la imprecisa leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” es de agosto de 1986, coincidieron en que los reclamos, hablando grosso modo, prescribieron el mismo mes de 1988.

Los fallos también subrayan la falta de sustento científico. Por ejemplo en los casos “Vanina, Pelioni y García” y “Cornejo” se presentaron como pruebas artículos periodísticos que la Justicia no tuvo en cuenta.

Paradójicamente, para desligar a las empresas de responsabilidad los propios tribunales destacaron en otras sentencias la amplia difusión que tienen las consecuencias del tabaquismo.

Todos los jueces minimizaron al extremo el poder de la adicción -aún en los casos en que los enfermos eran ex fumadores- e ignoraron que las tabacaleras modificaron sus productos para potenciar la adicción.

“Fumar es una conducta voluntaria susceptible de poder ser abandonada si la persona se propone tal obligación”, opinó un tribunal en el expediente “Sosa”. Agregó que no es posible pensar que un graduado universitario desconoce los efectos nocivos del tabaquismo.

“Y si el actor no tuvo la suficiente energía o fuerza de voluntad como para dejar un hábito que lo estaba dañando, no puede ahora pretender que sea recompensada esa desidia”, concluyó, en sintonía, la sala K de la Cámara Civil en el caso “Minisini Verdi”.

La derrota del fumador Carlos Mela en 2004 fue un duro revés para los juicios como instrumento de control del tabaquismo, pues fue ampliamente divulgado, incluyendo artículos en Clarín y La Nación. Si no lo salvaba un beneficio de litigar sin gastos, el demandante habría tenido que pagar unos 8.800 dólares. El posible gasto ante una sentencia adversa espantó a potenciales demandantes.

Después de 8 recursos de los abogados de las tabacaleras, el expediente de la AADD entró en etapa probatoria a mediados del año pasado. Ahora se espera que declaren decenas de testigos, que van desde la ex ministra Nilda Garré, que denunció al lobby tabacalero cuando era diputada, hasta los directivos de las empresas. Después de la reglamentación de la Ley de Control de Tabaco a fines de mayo, podría ser otro escalón en la lucha contra la epidemia forzada por la industria tabacalera.