Por: Yas García
“El 30 de noviembre pierde estado parlamentario y vuelve a foja 0″ lamenta el Senador Nacional (ProBAfe), Samuel Cabanchik, autor del proyecto de “Ley de libre acceso a la información pública” que conserva media sanción de la cámara alta.
La voluntad de no tener una ley que otorgue el derecho a la información pública en la Argentina, es clara. Y la cuenta regresiva llega a su fin, ya que hasta el 30 de noviembre, hay tiempo de dictaminar y tratar sobre tablas el proyecto que tiene media sanción en el Senado y que está trabado en la Cámara de Diputados. Este proyecto debería ser debatido previo a que se terminen las sesiones ordinarias. La diputada Nacional (Pro), Laura Alonso, promotora de está ley, sostuvo: “Si el oficialismo quiere, tratamos el expediente 85-S-2010 y sancionamos la ley antes del 30″.
Cuando la información que debe ser pública, se vuelve secreta. Por lo cual, diferentes sectores tironean con fuerza para que no se llegue al día en el que se termine el período de labor parlamentaria, sin el previo tratamiento en el recinto de la ley de acceso a la información para el beneficio de la ciudadanía. Lo lamentable es que no sería la primera vez que una iniciativa de está naturaleza quede sin debate.
En el 2001, la Oficina Anticorrupción de la Argentina diseño un texto de pedido de ley de libre acceso a la información pública, donde a través de un debate público se logro el primer texto que fue enviado al Congreso de la Nación: “La República Argentina no posee aún una ley nacional de acceso a la información pública. No obstante, esto no significa que la ciudadanía no cuente, a priori, con el pleno derecho de acceso a la información en poder del Estado”, destaca un breve fragmento del pedido de la O.A. En otro subrayado se establece, en base al conocido Pacto de San José de Costa Rica, que según en su artículo 13: ”Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…)”.
Este mismo texto, en el 2003, logró media sanción en la Cámara de Diputados. Al año siguiente, fue tratado en el Senado donde se aprobó con una revisión – en ese momento, la presidente Cristina Fernández de Kirchner era la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales – por lo cual, retornó a la cámara baja. Por desacuerdos de integrantes de los bloques, el mismo proyecto de ley perdió estado parlamentario en el 2006.
La única herramienta que concede el derecho a la información en nuestro país es el decreto 1172/2003, dictaminado por Néstor Kirchner, que permite que el Poder Ejecutivo y los organismos que dependen de él, puedan entregar información requerida por la ciudadanía. La información solicitada debe ser fundamentada y puede ser denegada por el organismo, si este lo considera.
El esfuerzo de legisladores, de organizaciones civiles junto a sectores del periodismo, insisten en la busqueda de mayor transparencia en la administración y función pública, una necesidad para la democracia de los ciudadanos. En tanto, se intenta no perder el proyecto del Senador Cabanchik, que ingresó en el 2010 a la cámara alta y que luego de varias modificaciones, logró media sanción. Lamentablemente se vence el plazo y esté proyecto de ley volverá, por segunda vez, a foja 0.
Si bien, la mayoría de los bloques apoyan la medida, falta el visto bueno del bloque del Frente para la Victoria que tiene mayoría en el parlamento. Cada avance que logra un proyecto de ley de esta naturaleza, es ignorado por Congreso. Tengamos en cuenta que se llevan presentados al rededor de 20 proyectos desde el 2009 hasta la fecha, para lograr una ley que permita liberar la información de los tres poderes.
A nivel global hay más de 90 países que tienen la ley que garantiza a los ciudadanos el derecho a los datos públicos. Argentina junto a Paraguay y Venezuela están exentos de está necesidad.
Hace dos semanas, la Jefatura de Gabinete de la Nación envió una carta de pedido de adhesión al programa Open Government Partnership, que es una alianza de países que comparten los principios de Gobierno Abierto, donde participan 57 Estados de los cuales 14 son de América Latina. Paradoja: Uno de los requisitos de la OGP es que el país que quiera formar parte de la alianza tienen que tener: “Una ley de acceso a la información que garantiza el derecho del público a la información y el acceso a la información gubernamental que es esencial para el espíritu y la práctica de un gobierno abierto”.